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Artículo 4 · Reglamento (UE) 2024/1689

El artículo 4 del Reglamento de IA ya aplica: qué tiene que hacer una pyme (y qué no)

16 de noviembre de 2026 · Fuentes comprobadas en esta fecha (zona Europe/Madrid) · Unos 8 minutos de lectura

Desde el 2 de febrero de 2025, el artículo 4 del Reglamento (UE) 2024/1689 obliga a los proveedores y a los responsables del despliegue de sistemas de inteligencia artificial a adoptar medidas para apoyar la alfabetización en IA de su personal. Muchas pymes que ya usan ChatGPT, un copilot o un generador de imágenes no han dejado todavía ningún rastro escrito de esas medidas. Este artículo explica la obligación real, ya en vigor, y también lo que la norma no pide. No vende un diploma que el Reglamento no ha creado.

Qué dice el artículo 4

El texto consolidado a 27 de julio de 2026, que ya incorpora el Reglamento (UE) 2026/1744 (el llamado Ómnibus digital sobre IA, de 8 de julio de 2026), obliga a adoptar medidas para apoyar la promoción o el desarrollo de la alfabetización en materia de IA del personal y de las demás personas que se encarguen, en nombre de la empresa, del funcionamiento y la utilización de sistemas de IA.

La «alfabetización en materia de IA» se define en el artículo 3: son las capacidades, los conocimientos y la comprensión que permiten un despliegue informado de los sistemas y tomar conciencia de las oportunidades, los riesgos y los posibles perjuicios. No es un título universitario ni un examen oficial.

Las preguntas y respuestas de la Comisión sobre alfabetización en IA, actualizadas el 20 de octubre de 2026, son la orientación práctica más útil junto al texto legal. El texto consolidado de EUR-Lex es un instrumento de documentación: si hubiera un conflicto jurídico, el valor auténtico lo tienen las versiones publicadas en el Diario Oficial.

Lo que cambió el Ómnibus de 2026

La modificación central es esta: el artículo 4, apartado 1, aclara que la obligación no exige garantizar un nivel específico de alfabetización de ninguna persona en particular. No hay un número mínimo de horas, ni un certificado europeo que la pyme deba obtener, ni un «nivel B2 en IA» que haya que demostrar persona por persona.

Eso no vacía la obligación. Lo que puede pedirse, si hay inspección, es que las medidas existan, se hayan pensado para el uso real de la empresa y se puedan mostrar. Completar una sesión de una hora y guardar la lista de asistencia es una medida; no es la prueba de que cada persona ha alcanzado un nivel concreto, y el Reglamento, tras el Ómnibus, no exige ese nivel.

Según la Comisión, la supervisión y la ejecución del artículo 4 se despliegan a partir del 2 de agosto de 2026. La obligación, conviene repetirlo, está en vigor desde el 2 de febrero de 2025.

Quién es «responsable del despliegue»

La mayoría de las pymes que usan un asistente de un tercero no son el fabricante del sistema. Aun así, el Reglamento les aplica. El responsable del despliegue, según el artículo 3, punto 4, es quien utiliza un sistema de IA bajo su propia autoridad, salvo cuando el uso se enmarca en una actividad personal de carácter no profesional.

Si el equipo usa ChatGPT, Microsoft Copilot, Gemini, Midjourney u otra herramienta similar para trabajo de la empresa, esa empresa es, en la práctica, responsable del despliegue. El uso con una cuenta personal, si se emplea para trabajo de la empresa, no saca a la organización de esa categoría: esa práctica, además, debería cesar o regularse.

Otra cosa es poner en servicio un chatbot con la marca de la empresa o vender un sistema propio. En esos casos la empresa puede estar actuando también como proveedora, y las obligaciones cambian. Lo explicamos con más detalle en el artículo sobre la diferencia entre proveedor y responsable del despliegue.

Un paquete mínimo de medidas, por escrito

El artículo 4 no enumera una lista cerrada de documentos. Un paquete razonable, proporcionado a una pyme que usa herramientas de un tercero, puede ser este:

Ese paquete hay que revisarlo al menos una vez al año, o antes si cambia una herramienta o la norma. El artículo 4, apartados 2 y 3, encarga a la Comisión y a los Estados miembros que apoyen especialmente a las pymes. Conviene consultar de vez en cuando los ejemplos prácticos que la Comisión se ha comprometido a publicar.

Qué no hay que comprar

Nadie puede venderle un «certificado oficial de alfabetización en IA» que el Reglamento no ha creado. Solo Cifras no es una autoridad competente ni un organismo notificado, y desconfíe de quien se presente como si lo fuera.

Tampoco resuelve el artículo 4 un kit pensado para sistemas de alto riesgo (empleo, crédito, biometría y los demás usos del anexo III) o para una evaluación de conformidad. Si su empresa desarrolla o comercializa su propio sistema, o quiere usar reconocimiento de emociones o categorización biométrica, este no es el problema que se arregla con un paquete de plantillas: hay que consultar a un profesional. Las obligaciones de alto riesgo, tras el Ómnibus, se aplazan al 2 de diciembre de 2027 (y al 2 de agosto de 2028 en el caso de ciertos productos del anexo I). Ese aplazamiento no diluye las prohibiciones del artículo 5, que en lo esencial aplican desde el 2 de febrero de 2025.

Una nota sobre las sanciones, sin alarmismo

El artículo 99 prevé techos altos a escala de la Unión. Para las pymes, el apartado 6 establece que cada multa podrá ser por el porcentaje o el importe, según cuál de ellos sea menor. Eso no significa que no pueda haber sanción; significa que el techo se calcula de forma más favorable. Los Estados miembros deben tener en cuenta los intereses y la viabilidad económica de las pymes. El miedo a una cifra de quince o treinta y cinco millones no es una razón seria para comprar un PDF: la razón seria es dejar constancia de medidas proporcionadas al uso real.

Si quiere las plantillas y el guion de la sesión

El kit de alfabetización y transparencia en IA para pymes reúne la guía, el autodiagnóstico, la política, el inventario, el registro, las plantillas de aviso, el material de formación y el cuestionario de alta, en DOCX y PDF. Todavía no está a la venta: el precio previsto es de 99 € (pago único) y puede apuntarse a la lista de espera. No es asesoramiento jurídico ni una certificación, y no garantiza el cumplimiento del Reglamento (UE) 2024/1689.

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